jueves, 28 de agosto de 2008

MACRI, IL CACCIATORE


Sorprende que Macri diga que "se acabó la joda del robo sistemático" al informar, con gran escándalo mediático, de una defraudación del Ente de Mantenimiento Urbano Integral, el cual utilizaba materiales y personal de la Municipalidad para realizar obras de pavimentación a cargo de empresas privadas.

Difícilmente termine con esa ‘joda' quien cometió fechorías similares en las operaciones de venta y pases de jugadores, o en relación con el contrabando de autos desde Uruguay.
Responsabiliza del desfalco a la burocracia de Sutecba, la misma con la cual pactó la privatización de la obra social de los trabajadores de la Ciudad.

Pero si algo, en realidad, demuestra el desfalco es que la Ciudad no necesita al capital privado para pavimentar las destruidas calles porteñas, las cuales de todos modos siguen, después de casi un año de ‘gestión' macrista, en estado calamitoso.

No hay, sin embargo, mal que por bien no venga: el desfalco es la prueba palmaria de que el Estado tiene los recursos materiales y humanos para pavimentar la ciudad, pero delega su responsabilidad para que se enriquezcan los contratistas privados.

Es lo mismo que ocurre en Aerolíneas, los ferrocarriles y la obra pública.

Macri saca, naturalmente, la conclusión contraria: ¡en lugar de poner fin a los contratos privados pretende cerrar el Ente de Mantenimiento!

Sin embargo, el mismo día de la denuncia en cuestión ocurrió algo que hubiera debido recibir una atención mediática incluso superior.

Macri y su lugarteniente en Educación ordenaron a las autoridades de los colegios confeccionar listas negras detalladas de los estudiantes que están ocupando las instalaciones para reclamar por el pago de becas que el Gobierno de la Ciudad se guarda en su bolsillo, a igual título que el Ente de Mantenimiento.

Se trata del mismo método que quedó en evidencia en el juicio a Bussi y Menéndez en Tucumán, y por supuesto, el del intendente Cacciatore bajo la dictadura.

Quiere aplicar el mismo método contra las manifestaciones populares, porque para él el ‘espacio público' no es sinónimo de vida colectiva, y menos de politización, sino que debe servir a la libre circulación del capital y asegurarse que los trabajadores vayan del trabajo a su casa.

Es el método de los Berlusconi, Sarkozy y Uribe: la ‘seguridad democrática' al servicio de la explotación capitalista del medio urbano.

Pero Macri no solamente restringe las becas, tampoco repara las escuelas, ni las provee de calefacción o seguridad ambiental.

Lo que sí ha hecho es ofrecer los hospitales públicos a las universidades privadas, en detrimento de la UBA, para la realización de pasantías en medicina a cambio de un arancel.
Ataca la universidad pública y privatiza los hospitales.

Pero tampoco atiende la situación edilicia de éstos, ni a los salarios de profesionales médicos y no médicos, aunque sí se interesa ‘poner en valor' (un francesismo que alude a la mercantilización del espacio y patrimonio públicos) lo que pueda representar un interés histórico o arquitectónico.

Por eso está intentando liquidar el Teatro Colón, aunque ya le han fracasado todos los administradores que puso en un año; rinden más los contratos internacionales que la producción nacional de la cultura.

Por el camino de De la Rúa y de Ibarra y Telerman, Macri fracciona los contratos de reparación edilicia para concederlos sin licitación, o sea a los propios.

Siempre en materia de educación, Macri se niega a aumentar los salarios docentes, sin importarle que sus amigos de las consultoras privadas digan regularmente que la inflación supera el 30% anual; por eso los sindicatos de maestros van a la huelga la semana que viene.
Pero el plato fuerte de Macri es su intención de endeudar a la Ciudad en 1.600 millones de pesos, y para esto cuenta con el ‘okay' de la bancada kirchnerista, además de las otras, que le habían negado el acuerdo a Telerman y a su ‘ministro' Nielsen.

No es que le faltan ingresos por impuestos y tarifas, es que Macri quiere financiar una onda de especulación inmobiliaria, aunque de ningún modo resolver la necesidad de vivienda de los que no la tienen ni las necesidades de recreación y de acceso a la cultura para los que carecen de ellas.

Se trata de proyectos "armados con Nación", o sea con la camarilla de los De Vido.

Como se puede apreciar, Macri está atendiendo a sus asesores, que le dicen que para ‘proyectarse' a nivel nacional tiene que poner antes ‘orden' en la Ciudad.

Llamamos a combatir esta ‘prueba piloto' de la derecha argentina, que no sólo cuenta con el apoyo de la Iglesia sino con la complicidad del kirchnerismo.

Los ‘nacionales y populares' del gobierno nacional quieren recuperar el apoyo patronal, después del conflicto agrario, pactando con la derecha, o sea a expensas de las masas populares.

Llamamos a apoyar la lucha de los trabajadores y de los estudiantes de la Ciudad y a desarrollar un frente de trabajadores, estudiantes, vecinos, ambientalistas, defensores de derechos humanos, luchadores de las villas para impedir la consumación de los planes del macrismo.

"REESTATIZACION" DE AEROLINEAS"

El Congreso avala el fraude de Marsans

Los trabajadores, sin garantías

La ley de "reestatización" de Aerolíneas pone a salvo el rescate de Marsans. Establece la recompra de las acciones de AA, lo cual supone el acuerdo con los vaciadores y una deuda que no será inferior, en ningún caso, a los 900 millones de dólares, pues aún faltan contabilizar "las causas comerciales, laborales, penales e impositivas abiertas en el país y en el resto del mundo" (Sur, 17/8). Para Verbitsky, "El gobierno necesitaba que (Marsans) entregara la llave de la compañía en términos que no dieran lugar a nuevos llamados de Zapatero, Felipe González y otros" (Página/12, 24/8), pero los Marsans, sin embargo, no entregaron ninguna llave: la ley mantiene el control accionario que detentan sobre AA y tolera la permanencia de los vaciadores en el "Comité Mixto" de gestión constituido hace un mes atrás. O sea que el Estado continuará colocando centenares de millones de pesos para operar la compañía y revalorizando su capital.

Tasación de AA

La tasación de una compra de acciones en manos privadas ha sido adjudicada al Tribunal Nacional de Tasación, que ya estaba trabajando en eso por el acta firmada por Jaime y Marsans. "En el dictamen está trabajando la Sindicatura, la AGN, el Tribunal de Tasación, también hay muchos funcionarios del Congreso (sic) trabajando" (La Nación, 23/5). La ley, aunque ignora el acta firmada con los vaciadores, no la anula.

La ley dispone la tasación de la compañía "al 15 de julio"; es decir, al momento de producirse la intervención oficial. Pero esto no cambia lo esencial: la necesidad de un acuerdo con el dueño de las acciones, que ya ha dicho que reclamará "las rutas y la marca". Por eso, Jaime ha salido a "amenazar" con la expropiación. En este caso, el Congreso deberá votar la indemnización y hacerse cargo de la deuda. Los diputados tendrán que poner sus huellas en el desfalco. Burócratas sindicales, funcionarios y centroizquierdistas transitan, de este modo, todo el culebrón que va del acta con Marsans a la expropiación, sin poder salir de la trampa del rescate. La única vía para ello es la expropiación sin indemnización.

Reprivatización

Los reformadores del proyecto también celebraron el retiro de la cláusula que habilitaba a una posterior "reprivatización". Pero la ley aprobada admite la participación privada hasta un 49%. Preservaron, de este modo, la pretensión inicial de comprar a AA y Austral para "ponerlas en valor y luego transferir algo", según señaló reiteradamente Jaime. En ese caso, un futuro socio privado ingresaría en una AA previamente "saneada" por el rescate estatal. Pero, principalmente, contaría con subsidios garantizados del Estado. Uno de los integrantes del Comité de gestión que acaba de armar el gobierno para regentear AA es "Juan Cincunegui, ejecutivo ligado a Eurnekian a quien reiteradamente se lo señala como potencial adjudicatario de la línea de bandera" (Página/12, 17/8). La estatización de AA, por lo tanto, tiene a los privatizadores dentro de la "parte estatal".

Los sindicatos

Los sindicatos aeronáuticos han apoyado este rescate de Marsans porque "asegura los puestos de trabajo". Pero ningún punto de la ley de "reestatización" establece garantía alguna para la estabilidad laboral o las condiciones de trabajo. El rescate de un vaciador capitalista por una cifra sideral e incierta, por parte de un Estado que ya tiene su presupuesto hipotecado en muchos otros rescates, no puede ser garantía ni para Aerolíneas ni para sus trabajadores. Durante toda la gestión Marsans, la camarilla kirchnerista toleró todo tipo de atropellos laborales y salariales contra los trabajadores. Acaba de revelarse, incluso, que en una de las "actas" firmadas entre Jaime y Marsans, a comienzos de este año, pactaron la modificación del régimen laboral de los pilotos (Ambito, 23/8) para "adaptarlo (a la baja) a los patrones internacionales". Ese es el Estado que se hará cargo de AA. Las burocracias aeronáuticas han hecho lo imposible para impedir una real deliberación sobre este nuevo episodio en el vaciamiento de AA. Rechacemos la ley que rescata a Marsans, luchemos por la expropiación sin pago de Aerolíneas y el inicio inmediato de acciones judiciales contra los vaciadores capitalistas, así como la intervención cautelar de sus bienes; por el enjuiciamiento de De Vido y Jaime, por la restitución de todas las conquistas laborales arrebatadas.

Marcelo Ramal